La Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo (FEHT) de Las Palmas ha advertido este miércoles sobre los riesgos “notorios y evidentes” para la actividad económica y el interés general de Canarias que conllevan los procesos de residencialización de los inmuebles turísticos y la voladura del principio legal de unidad de explotación. También ha dejado claro que desde el punto de vista de las administraciones públicas, “cualquier decisión legislativa que suponga un daño al sector turístico” de las Islas a través de la tolerancia con la residencialización “es la peor política de vivienda posible”, en la medida que la actividad en el sector es la “garantía” para “el mantenimiento de los puestos del trabajo, la actividad económica y los ingresos fiscales de las administraciones públicas de las Islas, que a su vez financian las políticas sociales públicas, entre ellas las de vivienda”.

La FEHT, al igual que su entidad federada, la Asociación de Empresarios Turísticos de Las Palmas (AEAT), “apoya todas las iniciativas públicas” para la construcción de viviendas y “aboga claramente por su ejecución lo más rápida posible en beneficio también del interés general de Canarias”.

Por este motivo, ambas asociaciones recuerdan que sustituir el desarrollo de nuevas zonas residenciales planificadas por la invasión del espacio destinado para la actividad turística, de largo la principal industria de Canarias, resultaría claramente contraproducente al perjudicar a la economía de las Islas sin resolver problema alguno.

La AEAT ha convocado una reunión de su junta directiva para el próximo lunes al objeto de evaluar la situación actual y reiterar el mensaje de unidad de los empresarios del turismo en torno a esta cuestión.

Para los empresarios del turismo, ya “ha quedado claro” que la residencialización supone “un daño notorio” para el turismo, algo que ha quedado acreditado por estudios como el elaborado por el Instituto de Turismo y Desarrollo Económico Sostenible (Tides) de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), que “ha cifrado en 591 millones de euros anuales (en estimaciones conservadoras) la merma de ingresos en la actividad provocada por el proceso de residencialización en complejos turísticos sólo en el municipio de San Bartolomé de Tirajana”, señalan en su comunicado.

La FEHT recuerda que la actual regulación sectorial contempla una situación excepcional, articulada a través de la Ley del Suelo de Canarias, que permite el uso residencial para aquellas situaciones consolidadas antes del 1 de enero de 2017. Pero la misma norma autonómica es “tajante” respecto a la posible generalización de esta práctica, por las consecuencias nocivas para la actividad de los complejos turísticos.

Por eso, “cualquier intento de voladura del principio del principio de unidad de explotación vía reforma de la legislación sectorial turística supone un precedente gravísimo capaz de provocar un daño irreparable a los complejos turísticos y al empleo en el Archipiélago”, añaden.

La FEHT considera, en ese sentido, que “propuestas de esta naturaleza instadas por propietarios de apartamentos turísticos en defensa de su exclusivo interés particular confunden objetivos legítimos y compatibles entre sí, como las necesidades de vivienda y el sostenimiento de la actividad económica, en perjuicio del interés general y la prosperidad colectiva”.

Los empresarios del turismo recuerdan el acuerdo existente entre los agentes económicos y sociales de Canarias sobre este asunto, pues “el rechazo a la residencialización turística ha sido expresado de modo explícito por los sindicatos mayoritarios del sector, Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadores (UGT), y por las asociaciones de empresarios como la FEHT, que seguirá defendiendo todas las medidas que contribuyan al sostenimiento de la actividad económica en los municipios turísticos, por su compromiso con el progreso colectivo de Canarias, con voluntad de diálogo, coherencia y respeto a la legalidad”.

Por ello recuerdan también a las formaciones políticas con representación en el Parlamento de Canarias la “trascendencia” de este asunto y los “daños objetivos” que conllevaría cualquier decisión que ampare “la voladura del principio de unidad de explotación en inmuebles de naturaleza turística”.