USO, el sindicado que puso en marcha con su denuncia la causa por fraude fiscal contra Miguel Ángel Ramírez, reclama una condena de 37 años de cárcel y 227 millones de euros de multa para el empresario por el supuesto fraude cometido a la Seguridad Social y Hacienda a través de su empresa Seguridad Integral Canaria (SIC) entre los años 2009 y 2017.

En una rueda de prensa ofrecida este jueves, el secretario general de la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada del sindicato USO, Basilio Febles, y su homólogo en las islas, Juan Díaz, han informado de la pena que solicitan para el empresario, al que denunciaron por estos hechos hace más de 11 años y que "por fin" han logrado que a partir del 4 de julio se siente en el banquillo.

Para USO, que ejerce como acusación particular en este procedimiento, en el que la Fiscalía de Asuntos Económicos pide que Ramírez sea condenado a 21 años y medio de cárcel y 105 millones de multa, ha sido un proceso "bastante duro", en el que se han encontrado solos en muchas ocasiones, sobre todo el principio, cuando "los políticos y la prensa no les hacían caso", ha destacado Febles.

En cualquier caso, el juicio que celebrará la Audiencia de Las Palmas demuestra que lo denunciaban “era verdad”, ha subrayado el dirigente de USO, que reclama también una condena para el administrador único que sustituyó a Miguel Ángel Ramírez en SIC, Héctor de Armas, mayor que la Fiscalía.

Aunque reconocen que la causa "está contaminada" por el papel que desempeñaron dos de sus instructores, uno de ellos en la cárcel, el magistrado Salvador Alba, en el sindicato creen que no es motivo para declarar su nulidad.

El Ministerio Público solicita una condena de 14 años de cárcel y una multa de 79,32 millones de euros para Héctor de Armas, mientras que USO eleva su petición a 29 años de prisión y 208,5 millones de euros, porque lo considera un "tonto útil" al que Ramírez ha tratado de "cargar la culpa" y no solo en este caso, pues el actual presidente de la UD Las Palmas lo ha denunciado como el presunto de autor de un robo de 30.000 euros de las cámaras acorazadas del Banco de España.

Según Febles, en el Banco de España han ocurrido "cosas graves", pues SIC tenía dinero guardado de sus clientes y "siempre faltaba", algo que también ha denunciado USO hasta en tres ocasiones sin éxito.

En cualquier caso, sobre el presunto fraude por el que será juzgado Ramírez, USO celebra que los cerca de 2.300 trabajadores que llegó a emplear en las islas trabajen ahora en empresas que cumplen con el convenio colectivo, salvo una minoría contratada por compañías pequeñas.

"Esta es la mayor satisfacción", ha subrayado, pues ha remarcado que estos trabajadores y sus familias "lo pasaron muy mal" y desde USO se llegó a desarrollar campañas de alimentos para ayudarles, pues en ocasiones estuvieron meses sin cobrar.

Ha recordado que las otras empresas de seguridad privada que, según el sindicato, creó Ramírez en sustitución de SIC también han desaparecido al entrar en concurso de acreedores.

En cualquier caso, para Flebes la importancia de este juicio no es siquiera la pena de cárcel que demandan y la que finalmente se le imponga, sino que estos hechos no se vuelvan a repetir y que el mensaje sea claro "para los políticos", pues no puede ser que "empresas que defraudan" acaparen el 80 por ciento de los contratos de seguridad privada de Canarias en las administraciones.

Con esa postura, lo que se traslada es que "las administraciones ayudan a defraudar a Hacienda y a la Seguridad Social".

Los empresarios no pueden creer que son "impunes y que pueden hacer lo que quieran con sus trabajadores", ha recalcado el dirigente sindical, quien además sostiene que Ramírez planificó su manera de actuar e ideó el modo para que los "mandos intermedios de sus empresas" se presentaran a las elecciones sindicales para negociar un convenio colectivo con sus "trabajadores afines", y poder competir a la baja en los concursos.

Ha recordado también que en la etapa del político del PP José Manuel Soria como ministro de Industria, Ramírez "dio el salto" a la península y logró hacerse con los contratos de seguridad privada de Defensa, de Patrimonio Nacional y del Metro de Madrid, entre otros, y SIC llegó a emplear a 5.000 trabajadores.