El exdirector del Servicio Canario de la Salud (SCS) Conrado Domínguez se ha acogido este lunes a su derecho a no declarar ante la Fiscalía Europea, en Madrid, tras haber sido citado en relación con el 'caso Mascarillas' por la presunta estafa de la que fue objeto la sanidad pública canaria en la compra de cubre bocas que nunca se entregaron.

Según han informado fuentes jurídicas a los periodistas a la salida de la comparecencia de Domínguez ante la Fiscalía Europea, el exdirector del SCS, que figura como imputado en este caso como presunto autor de un delito de prevaricación y otro de tráfico de influencias, no ha querido contestar a las preguntas y se ha acogido a su derecho para no hacerlo.

Conrado Domínguez y sus abogados tampoco han querido hacer ningún comentario al respecto.

Según publicó este domingo el periódico Canarias 7, un informe de la Unidad de Delincuencia Económica de la Policía Nacional (UDEF) concluye que el exdirector general del SCS podría haberse llevado parte una comisión de 100.000 euros del contrato suscrito en 2020 de 4 millones de euros en favor de la empresa RR7 United por la entrega de un millón de mascarillas que nunca llegaron a la sanidad canaria.

A RR7, una firma sin experiencia anterior en la importación de material sanitario (se dedicaba al comercio de coches), se le adjudicó por el procedimiento de emergencia proveer a los hospitales públicos de Canarias un millón de mascarillas FFP3, por las que recibió un pago por adelantado de cuatro millones de euros.

La sanidad nunca recibió ese material porque RR7 trató de importar una partida de mascarillas de la marca 3M que resultaron ser falsas y fueron destruidas por Aduanas.

A pesar de ese incidente, el SCS no resolvió su contrato, sino que Conrado Domínguez autorizó que se le diera la oportunidad suministrar otra partida, que nunca llegó.

Por esos hechos, el administrador de RR7, Rayco Rubén González, está acusado de estafa agravada y Conrado Domínguez fue imputado en cargos de prevaricación y tráfico de influencias, de los que también se acusa a la exdirectora de Recursos Económicos del SCS Ana María Pérez.

Además de Domínguez, el informe de la UDEF concluye que hubo otros cuatro presuntos comisionistas en el 'caso Mascarillas', los intermediarios Lucas Cruz, Ihsan Mahmoud Mohamed Al Sabbagh, Samuel Machín y Oswaldo Lastras.

La Fiscalía Europea asumió la investigación del caso al afectar la posible estafa de cuatro millones de euros que sufrió la sanidad canaria al inicio de la pandemia de covid-19 a fondos europeos, ya que el dinero que pagó por adelantado el SCS para adquirir el millón de mascarillas FFP3 que nunca recibió procedían del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder).