Canarias se mantuvo en 2024, por sexto año consecutivo, como la comunidad autónoma donde más se litigó, al registrar 212,51 pleitos por cada 1.000 habitantes, 52,1 más que la media del Estado (160,41) y 38,62 más que la segunda en el escalafón, Madrid, que computó 178,39 litigios por cada 1.000 habitantes.

El número de asuntos ingresados en la jurisdicción contencioso-administrativa creció el año pasado en las Islas un 115 por ciento, cuando en 2023 lo había hecho un ocho por ciento y la capacidad de resolución de los juzgados canarios creció del 1,3 por ciento al 17,7 por ciento en 2024, ejercicio en el que Las Palmas fue la provincia española donde más se pleiteó, con 220 casos por cada 1.000 habitantes, 60 por encima de la media del país.

Según los datos difundidos este miércoles por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), los órganos judiciales de Canarias registraron durante 2024 en los cuatro órdenes jurisdiccionales (civil, penal, contencioso-administrativo y social), un total de 475.761 asuntos, un 13,9 por ciento más que en el año anterior.

Dejaron en trámite de resolución 248.641 litigios (un 17,7 por ciento más que en 2023) y resolvieron 440.489 (un 15,8 por ciento más que en el ejercicio previo).

El incremento en la resolución ha sido muy notable, si se compara con el registrado entre 2022 y 2023, que fue del 1,3 por ciento, destaca el Alto Tribunal canario.

En el ámbito de la jurisdicción civil, las oficinas judiciales de las Islas registraron durante 2024 un total de 219.059 asuntos (un 16 por ciento más que en el año anterior), resolvieron 195.829 (un 22 por ciento más que en 2023) y dejaron pendientes de resolución a 31 de diciembre 158.943, un 18,4 por ciento más que al final de 2023.

En el orden penal, se computaron 203.803 asuntos nuevos (un 7,3 por ciento más que el año anterior), se resolvieron 200.809 (un 8,4 por ciento más) y quedaron en trámite de resolución a final de año 49.667 casos, un 7,1 por ciento más que en 2023.

En la jurisdicción contencioso-administrativa se abrieron 19.970 procedimientos (un 115,3 por ciento más que en 2023; un dato muy significativo, cuando el año anterior el aumento había sido del 8 por ciento), se resolvieron 12.330 (un 44,7 por ciento más, cuando el año interior había sido un 8,9 por ciento menos) y quedaron pendientes 16.226 (un 85 por ciento más que en 2023).

Desde la Sala de Gobierno del TSJC se vincula este sensible aumento de la litigiosidad en la jurisdicción contencioso-administrativa con el incremento de la inmigración irregular, especialmente en la provincia occidental, donde a lo largo del año pasado y lo que va del presente -y precisamente a petición del citado órgano de gobierno-, el Consejo General del Poder Judicial aprobó aplicar medidas de refuerzo para atender la avalancha de recursos contra las órdenes de expulsión del territorio nacional.

En el orden social, los órganos judiciales del archipiélago incoaron 32.929 procesos (un 11,2 por ciento más que en 2023), resolvieron 31.521 casos (un 20,7 por ciento más que el año anterior) y dejaron en trámite a fin de año 23.768 casos, un 6,6 por ciento más que en el ejercicio previo.

Los datos recabados por los órganos judiciales de las Islas apuntan a que el año pasado se dictaron en las cuatro jurisdiccionales un total de 107.143 sentencias (un 23,7 por ciento más que el año anterior), una media de 489,24 por órgano judicial; 248.047 autos (un 14,6 por ciento más que en 2023), una media de 1.132,63 por órgano, y 97.399 decretos, 444,74 por órgano judicial.

Se registraron 58.700 ejecuciones de sentencias, se resolvieron 73.407, y quedaron en trámite a final de año 166.099.

Las estadísticas comparativas entre comunidades autónomas sobre 2024 apuntan a que la tasa de pendencia (cociente entre los asuntos pendientes al final del periodo y los resueltos en ese periodo) de los órganos judiciales canarios fue en 2024 de 0,56, la séptima más baja de España (la media nacional fue de 0,62).

La tasa de resolución (cociente entre los asuntos resueltos y los ingresados; mejor cuanto mayor sea la tasa) fue del 0,93, la quinta más baja del país, a la par con la media nacional, y la tasa de congestión (cociente donde el numerador está formado por la suma de los asuntos pendientes al inicio del periodo y los registrados en ese periodo y el denominador son los asuntos resueltos; mejor cuanto menor sea) fue de 1,56, la séptima más baja de España.

Siempre según los datos oficiales del CGPJ, la provincia de Las Palmas fue durante el año pasado la que registró la mayor tasa de litigiosidad de España, con 220,93 casos por cada 1.000 habitantes (60,65 casos por encima de la media nacional). La de Santa Cruz de Tenerife se situó muy por debajo, en 180,75 casos por cada 1.000 habitantes (20,34 por encima de la media nacional.