Antonio del Moral, magistrado del Tribunal Supremo, vino a Lanzarote como ponente de las jornadas prácticas sobre las últimas reformas legislativas en materia civil y penal que organiza la UNED Lanzarote. Acaba de ser nombrado presidente de la Comisión de Ética Judicial

-¿En qué consiste la Comisión de Ética Judicial?

-Lleva funcionando seis años. Había exigencias internacionales en la carrera judicial, organismos judiciales en Europa interesados en que los estados tengan estas comisiones. Fue la propia carrera judicial la que la creó. Hay unos principios de ética judicial que no son aprobados por el Consejo, sino asumidos. Son los principios que los jueces se dan a sí mismos, los que los jueces piensan que forman el ideal ético de juez. Esos principios no son obligatorios, son unas normas de excelencia que guían: si usted quiere ser un buen juez, éste es el modelo. La Comisión de Ética ayuda a interpretarlos. Somos siete miembros y resolvemos consultas sobre los principios de ética que hacen los miembros de la carrera judicial. Hacemos dictámenes que son orientativos, que se pueden asumir o no.

-Da una muestra de la calidad ética de la judicatura...

-Sí. A veces se pregunta desde el punto de vista ético que opinión merece que haya candidatos que vayan a visitar a los miembros del Consejo, por ejemplo, o qué le parece a la Comisión que un juez entre en Facebook a ver quiénes son los protagonistas de un asunto o qué les parece que los jueces tengan redes sociales y opinen, por ejemplo.

-Hace siete años, en otra entrevista, hablamos sobre la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que reducía el tiempo de la instrucción penal. Con la perspectiva que da el tiempo, ¿ha servido para algo?

-Por fijar ese plazo no se puede decir que haya mejorado. La lentitud de la Justicia no se soluciona por decreto. Si no, sería muy fácil. Era muy voluntarista y la ley no triunfó. Fue modificada y el estado sigue siendo semejante, no se puede decir que haya un antes y un después en la agilidad.

-¿Y sigue pensando que la Fiscalía debería asumir la instrucción de los casos?

-La tendencia es a que la Fiscalía asuma la investigación. Lo han admitido casi todos los partidos políticos pero no hay contexto para poner eso en práctica. Hay una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 2020 que está todavía en fase de informe, ni siquiera ha llegado al Congreso y el contexto político parece que está dificultando que existan leyes de ese nivel que exigen un consenso y un ambiente más pacificado. No es previsible que se haga esta reforma, de momento.

“El número de jueces por habitante es de los más bajos de Europa”

-¿Los retrasos en la Administración de Justicia dependen solo de que haya más inversiones o hace falta una reforma integral?

-Las dos cosas. Depende de más inversión, sin duda. El número de jueces por habitante de nuestro país es de los más bajos de Europa. Exige inversión en personal, medios materiales y más preocupación pero, desde luego, una reforma estructural de la planta organizativa y de las leyes procesales también ayudaría. No sería la panacea pero ayudaría.

-No hay acuerdo para renovar el Poder Judicial. ¿La imagen que se da a la ciudadanía provoca un daño irreversible en la confianza en la Justicia?

-Sí. Estamos haciendo un grave daño. No sé si irreparable, pero un daño patente, difícil de recuperar, reputacional. La sensación o percepción de que el Consejo General de Poder Judicial es algo en manos de los políticos, al albur de los pactos políticos, hace un daño efectivo. Desde el momento en que se quitó la posibilidad de renovación, las vacantes que se están produciendo no se están cubriendo porque no se puede nombrar y está habiendo serios problemas de atender el trabajo. El nivel de respuesta ha bajado porque ha bajado el número de magistrados.

-¿Cómo va a terminar esto?

-Con un acuerdo político que renueve el Consejo y se puedan hacer nombramientos, o al menos con un acuerdo que revierta la situación y vuelva a darle al Consejo, aunque sea momentáneamente, esa capacidad de hacer nombramientos. O que el Tribunal Constitucional resuelva esa cuestión, que tiene una sentencia pendiente para ver si esa reforma para arrebatar al Consejo la capacidad de hacer nombramientos es ajustada o no a la Constitución. El tema es que se puedan volver a hacer nombramientos en las Audiencias y en el Supremo.

-La última excusa para no renovar el Consejo es la reforma del delito de sedición en el Código Penal, que parece el ring de boxeo donde se dirimen todos los conflictos políticos.

-El Código Penal está llamado a tener mucha más estabilidad de la que está teniendo. Parece que se le manosea demasiado, con independencia de las reformas puntuales, que es el legislativo el que tiene que hacerlas y que los jueces acatamos.

“No se puede decir que haya machismo en la aplicación de la Justicia”

-¿Se reforma demasiado el Código Penal?

-Cuando se reforma mucho el Código Penal, que debe recoger los valores más estables de la sociedad... Hay reformas que son inevitables, las que exige Europa, algunas que se detectan o nuevas formas de delincuencia, pero hay otras que son más efectistas que reales. El Código Penal necesita más estabilidad. Todas las reformas son legítimas, se pueden hacer, y no nos meteremos a decir si es o no conveniente. Son decisiones políticas. La política, al fin y al cabo, es un mundo en el que nosotros nos sentimos incómodos. Y dentro de la política está la política legislativa: qué leyes hago, cómo, etc. Objetivamente, si el Código Penal se modifica más de 40 veces en los últimos 27 años es que algo no está funcionando. O que el Código Penal está mal hecho, que no creo que sea la cuestión, o que hay demasiado afán por modificarlo.

-Muchas esperanzas en que el Código Penal solucione problemas cuando no soluciona nada...

-Sí, es absolutamente necesario pero es el último recurso.

-¿Entiende la polémica sobre la interpretación de la ley del ‘solo sí es sí’? ¿Está mal hecha? ¿Se han precipitado algunos jueces en sus revisiones?

-Todas las leyes atraen problemas interpretativos. Es su esencia. Entra dentro de lo normal y lo previsible, pero parece que se ha exacerbado el problema con esta nueva ley. Que se produzcan diferencias y la necesidad de ajustar penas es normal, y hay penas que, efectivamente, parecían desproporcionadas y habrá penas que puedan ser revisables y otras no. Creo que en eso vamos a estar todos de acuerdo. Hay casos en que se debería aplicar la ley nueva y otros en que no.

-¿Pasa lo mismo cuando se reforman otras leyes?

-Siempre ha pasado lo mismo, siempre que hay una revisión profunda del Código Penal, salvo algunas que son solo para endurecer, pasa esto, que se puede aplicar el principio de retroactividad.

-¿Hay machismo en la aplicación de la ley?

-Me parece que no se puede decir que haya machismo en la aplicación de la Justicia, y más en un problema tan técnico como es el de comparar penas o ver cuáles son las disposiciones aplicables. El problema, que no creo que sea un problema, es la aplicación de una reforma legislativa legítimamente aprobada. Habrá que adaptar las condenas pendientes a esa ley nueva, y eso provocará que algunas condenas serán rebajadas y otras no. Es una labor técnica donde no hay valoración probatoria o posibilidad de sesgo.

-¿Pero los jueces reciben formación en perspectiva de género?

-Sí, hay formación, desde hace años, en cursos del Consejo. Se está aplicando y no creo que, en absoluto, la carrera judicial tenga un problema de ese género.