El diputado del Grupo Nacionalista Canario por Fuerteventura, Mario Cabrera, ha reclamado al consejero de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento del Gobierno de Canarias, Pedro Ortega, que “atienda a lo que le ha dicho el Parlamento y las instituciones locales” sobre el nuevo tendido eléctrico Fuerteventura-Lanzarote y “estudie alternativas consensuadas con las islas”.

Mario Cabrera cree además que el Gobierno debería actuar para investigar a Red Eléctrica Española “porque, si como dice la propia compañía, tenemos que creernos que el tendido eléctrico de Fuerteventura registra más del 50% de las pérdidas de todo el Estado, cuando apenas representa un 3% de su longitud, eso significa que ha habido una importante dejadez y abandono por parte de la operadora durante mucho tiempo. Al tratarse de una entidad que actúa en régimen de monopolio y cuyo accionista mayoritario es el Estado, debería abrirse una investigación por si caben responsabilidades”.

El diputado majorero intervino en representación del Grupo Nacionalista Canario durante la comparecencia del consejero planteada por NC sobre el cumplimiento de las resoluciones aprobadas en el Parlamento sobre las obras para la instalación de la Línea de 132 kV y que afecta a Lanzarote y Fuerteventura.

Consideró que es necesario proceder a la revisión de las autorizaciones a REE “atendiendo a los defectos que se han venido detectando en los expedientes, y a las decenas de las actas y denuncias de las instituciones locales sobre el desarrollo de los trabajos”.

Y recordó que pese a que el Gobierno no hizo caso al Parlamento cuando le planteó retirar el recurso al auto que paralizaba cautelarmente el tendido, “el 9 de marzo, el TSJC volvió a desestimar este recurso del Gobierno. Es decir, el Gobierno no hizo caso a este Parlamento y los tribunales volvieron a decirle al Gobierno que se equivocaba y daba la razón al Cabildo de Fuerteventura”.

Cabrera recordó al consejero Pedro Ortega que frente a los argumentos del Gobierno, el TSJC “responde textualmente que el posible conflicto de intereses entre administraciones no se resuelve en favor de la Administración con mayor ámbito territorial, sino aplicando los criterios legales. Es decir, que aquí no se trata de dimensiones, señor consejero, sino de legalidad.