En el arranque del año 2023 se espera una intensa actividad en el Juzgado de lo Penal número dos de Puerto del Rosario, con casos de trascendencia medioambiental, como el de los vertidos de Maxorata en Gran Tarajal, la vuelta al banquillo de viejos conocidos, como el exalcalde de La Oliva, Domingo González Arroyo, y la vista oral por la concesión de una licencia urbanística a la polémica urbanización Origo Mare. Estas son las principales claves:

Vertidos de Maxorata. El juicio por los vertidos de Maxorata en el barranco de Gran Tarajal está fijado para el 11 y 12 de enero en el Juzgado de lo Penal número dos de Puerto del Rosario. La Fiscalía solicita tres años y seis meses de prisión, multas que suman 181.500 euros y la “restauración del medio ambiente perturbado”, tanto en el dominio público hidráulico del barranco de Gran Tarajal como en el medio marino, para Esteban David Alberto Pérez y la empresa Grupo Ganaderos de Fuerteventura, que elabora los quesos Maxorata, por un presunto delito contra el medio ambiente.

El origen del caso se remonta a un vertido de suero y aguas residuales en el cauce del barranco de Gran Tarajal, que afectó a un tramo de cuatro kilómetros y que fue detectado por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil el 10 de julio de 2013. Dos años antes se había registrado un episodio similar, con un vertido de dos kilómetros de longitud. En enero de 2014 se inició el procedimiento penal y durante la instrucción de la causa penal se detectaron “varios vertidos” procedentes de la fábrica de Maxorata: en abril de 2017 y en marzo y mayo de 2018.

La Fiscalía sostiene que la colocación de la “tubería de aguas residuales en el cauce público del barranco de Gran Tarajal y sus afluentes, como el barranco de la Florida, esto es, en domino público hidráulico, no obtuvo la preceptiva autorización del Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura”. También resalta que “tampoco se autorizó el vertido de aguas residuales y lactosuero al cauce público del barranco de Gran Tarajal” ni al mar a través del emisario submarino, además de carecer de la “preceptiva autorización” de la comunidad autónoma.

En sus conclusiones, la Fiscalía acusa a Grupo Ganaderos de Fuerteventura de haber incurrido en un “peligro notorio y claro de contaminación de las aguas superficiales” y de los “acuíferos subterráneos”, limitando su uso por el “alto contenido en compuestos nitrogenados y fósforo principalmente, haciendo imposible su uso como agua de consumo”, como consecuencia del “vertido de aguas residuales y lactosuero” llevado a cabo entre 1995 y 2014. Igualmente, el vertido “continuado” al mar de esos restos de la industria láctea “ha perjudicado gravemente el equilibrio de los sistemas naturales”.

Domingo González Arroyo.

González Arroyo. El 17 de enero está previsto que se vuelva a sentar en el banquillo de los acusados Domingo González Arroyo, exalcalde de La Oliva, en un nuevo juicio por un presunto delito de prevaricación. La Fiscalía pide que se condene de nuevo al Marqués de las Dunas, porque nombró como personal eventual de confianza a dos personas, mediante sendos decretos, con la categoría correspondiente al Grupo C1 y con efectos retroactivos, “con pleno conocimiento de que carecían de la titulación de bachiller, o equivalente, legalmente requerida para desempeñar funciones propias de tal categoría”.

Para el Ministerio Fiscal, los asesores también son responsables de un delito de prevaricación, ya que aceptaron el nombramiento “a sabiendas de que carecían de la titulación requerida para ser nombrados personal eventual de confianza con la categoría correspondiente al grupo C1”. El caso lo denunció en su momento Álvaro de Astica, que era edil en La Oliva. La pena que se pide para González Arroyo por la prevaricación administrativa es de dos años de suspensión para cargo público y una multa de 1.800 euros.

Complejo Origo Mare.

Origo Mare. Uno de los juicios más relevantes del año en Fuerteventura está marcado en el calendario, salvo retraso, para el 22 y 23 de febrero: el de la concesión de una licencia urbanística en la urbanización Origo Mare, en La Oliva.  En el banquillo de los acusados se sentarían los siete miembros de la Junta de Gobierno que dio la licencia (Claudina Morales, Marcelino Umpiérrez, Miguel Van Daele, Genaro Saavedra, Iballa Martínez, Francisco Javier Hernández y María Ángeles Figueroa), el jurista del Ayuntamiento de La Oliva, Óscar Darias, y el arquitecto, Gonzalo María Tortajada.

Los nueve acusados del caso Origo Mare, a juicio el mes de febrero

A los nueve acusados se les imputa un delito contra la ordenación del territorio, de forma continuada en el caso del arquitecto municipal, por vulnerar la legislación canaria del suelo, el Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura (PIOF), la normativa de actividades clasificadas, las Directrices de ordenación del territorio y del turismo de Canarias y la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental. La licencia se dio para adaptar villas y convertirlas en hotel, en contra de la legalidad.

La Fiscalía ha solicitado penas que suman 30 años de cárcel, otros 82 años de inhabilitación, la anulación de la licencia de obras del hotel Origo Mare y una multa de 446.400 euros. Los siete políticos que el 11 de junio de 2012 concedieron la licencia de obras se enfrentan, cada uno, a una pena de tres años y tres meses de prisión, ocho de inhabilitación y multa de 48.000 euros. El Ministerio Fiscal destaca que la licencia se dio “con conocimiento claro y evidente de la ilegalidad que tales obras suponían, al contravenir de forma manifiesta la normativa urbanística y de ordenación territorial”. El PIOF de 2001 asignaba a los terrenos “la clasificación de rústico especialmente protegido y suelo rústico protegido”.